Red de sicariato para asesinar a choferes es reenviado por varias ocasiones.
Esta es la segunda vez que recusan a la jueza Kenya Romero Severino
SANTO DOMINGO, RD. Los abogados e imputados por la red de sicariato para asesinar a choferes del transporte público y al lavado de activos, continúan haciendo uso de los recursos que les da el Código Procesal Penal, en algunos casos calificados como “tácticas dilatorias”, tendentes a evitar que se conozca la solicitud de envío a juicio de fondo.
El pasado viernes por décimo novena ocasión, la jueza Kenya Romero Severino, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, suspendió la audiencia hasta que la Corte de Apelación decida sobre una nueva recusación.
Los abogados entienden que la magistrada no es imparcial, y que sus derechos están siendo vulnerados, ya que presuntamente ella decidió desglosar el expediente sin que haya sido solicitado por las partes.
Supuestamente, Romero decidió desglosar el expediente donde se acusa al empresario del transporte y expresidente de la Unión Nacional de Trabajadores Afines (Unatrafin) Arsenio Quevedo y el exregidor por Pedro Brand, de dirigir una banda de sicarios y lavado de activos, para evitar que el imputado Amauris Martínez Cabrera, continúe retrasando el conocimiento del expediente con sus constantes solicitudes de aplazamientos.
En diversas ocasiones, las audiencias han sido suspendidas por la no comparecencia del imputado Amauris Martínez, la falta de sus abogados o por cuestiones de salud de los procesados.
En enero se reenvió la causa para el 3 de febrero, debido a que el abogado del imputado Martínez Cabrera abandonó el caso, porque presuntamente se mudará de la República Dominicana.
Antes de esto se había pospuesto a los fines de determinar si autoriza o no unas diligencias de investigación hecha por el abogado del exregidor.
Quevedo enfermo
En noviembre del 2016 se suspendieron las audiencias por la condición de salud de Quevedo, quien en una ocasión tuvo que ser trasladado del tribunal a un centro asistencial. Las recusaciones previas a este fueron porque no se trasladaron los imputados o porque algunos no tenían abogados. El cruce de llamadas entre De los Santos Solís y Quevedo, sumado al testimonio del coimputado Danilo Octavio, son de los medios de prueba que tiene la Fiscalía para sustentar el caso. La Fiscalía los implica, además, a una red de lavado de activos producto a la venta de combustible subsidiado que recibía Unatrafin.
